El Banco de España ha alertado de la necesidad de poner en marcha ajustes en el sector público para que el Estado pueda digerir la crisis provocada por el Coronavirus. La contracción será mayor de lo inicialmente esperado; el Producto Interior Bruto (PIB) caerá en 2020 entre el 9% y el 13% respecto de 2019. El reto es compaginar el alivio de los efectos sociales derivados de la crisis con la financiación de las políticas designadas para ello. Es necesario cuantificar el impacto de la crisis sobre la renta de las familias y sobre la capacidad financiera del Estado.

Si nada cambia, las familias españolas acabarán el año 2020 más pobres y endeudadas. Para poder extraer esta conclusión he recurrido a los microdatos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). A partir de ellos, he estimado el shock para la renta, los impuestos y las transferencias de cada hogar actualmente en funcionamiento.

Los resultados para el escenario central, previo al impacto del Coronavirus, muestran un índice de Gini (0 máxima igualdad, 1 máxima desigualdad) de 0.462 para la renta de mercado (antes de cualquier otra intervención pública). El índice cae hasta el 0.279 cuando incluimos todas las intervenciones del Estado en la economía doméstica. La renta media crece alrededor de un 6% entre la renta de mercado más pensiones y la renta final, gracias fundamentalmente a las trasferencias directas y en especie. Se trata de un buen esfuerzo redistributivo, algo por debajo de la media de los países europeos.

La llegada del Coronavirus nos obliga a cuantificar el impacto de la crisis en el escenario central. Para ello, establezco dos posibles alternativas. Supongo, primero, una contracción en la renta de mercado de los hogares equivalente a la caída del PIB que el Gobierno espera para el año 2020: 9.2%. En segundo lugar, asumo la misma contracción con una caída adicional en aquellos sectores en los que la cuarentena está siendo más estricta y severa (turismo, hostelería…). En ambos casos presumo que pensiones, sueldos públicos, transferencias y tipos fiscales permanecen inmutables.

La caída de la renta tras las intervenciones públicas en cada escenario, respecto de la renta final del caso central, sería del 3.6%, en el ejercicio más optimista, y de casi el doble en el más pesimista; en ambos supuestos por debajo del recorte de ingresos aplicado en la renta de mercado inicial. Este ejercicio de “amortiguación automática” por parte del Estado es posible gracias al incremento del gasto público. Partidas como las prestaciones por desempleo o las rentas mínimas se activan cuando la economía se contrae sin que medie decisión política.

Los resultados de mi simulación prevén un incremento del gasto social del 2.33% y del 4.27% en cada escenario. Los ingresos se contraerían un 5.84% en el escenario moderado y algo menos del 9% en el más contractivo. Es importante recalcar que no se incluyen aquí los ingresos derivados del impuesto de sociedades; solo se tienen en cuenta el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido. La Tabla 1 resume estos datos:

Escenario moderado Escenario duro
Variación ingresos tributarios 5,84% 9,27%
Variación gasto social 2,33% 4,27%

El Estado en “piloto automático” ingresará menos y gastará más. Ante este hecho solo existen tres opciones. Primera, realizar ajustes internos, como pide el Banco de España, mediante incrementos de impuestos y recortes de gasto. Segunda, financiarse en los mercados internacionales a un tipo creciente. Tercera, acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), o a otros organismos europeos, en busca de créditos más baratos, pero teniendo que aceptar la condicionalidad impuesta por Bruselas.

Por el momento, el Gobierno está planteado incrementos en el IRPF y en el impuesto sobre el patrimonio. Será difícil que sirvan para financiar las nuevas políticas de gasto previstas (renta básica) y la redistribución estructural ya mencionada. En el largo plazo, se impone una reflexión respecto de qué estado de bienestar queremos y nos podemos permitir. En el corto, si el Estado quiere continuar o potenciar su actual labor de redistribución, será difícil que pueda hacerlo sin la ayuda de sus socios europeos. Todo lo demás es retórica.