Uno de los problemas habituales con la medición del mercado de trabajo nace de la compleja definición de quien es, y quien no, un desempleado. Los economistas solemos medir la salud del empleo en una economía con dos tipos de datos: los recogidos a través de una encuesta y los obtenidos por medio de los registros oficiales. La Encuesta de Población Activa (EPA) se publica trimestralmente gracias al trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de paro registrado, afiliación, contratación... son publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal mensualmente.

La información sobre desempleo que proporcionan ambas fuentes es, por definición, limitada. El SEPE solo contabiliza como parados a aquellos individuos que van a la oficina de empleo a apuntarse, lo que excluye a potenciales trabajadores desmotivados. La EPA solo incluye a aquellos trabajadores que responden positivamente a las siguientes dos preguntas, en paráfrasis: “¿está usted desempleado?” y “¿está buscando empleo activamente?”. Esta formulación excluye a estudiantes, amas de casa, multimillonarios... y trabajadores que, temporalmente, han dejado de trabajar por haberse acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Los ERTEs son mecanismos de ajuste temporal que permiten a las empresas prescindir de trabajadores de manera transitoria (unas semanas, unas horas al día...). La empresa reduce su masa salarial ante un shock de demanda y el trabajador mantiene una fuente de ingresos gracias a la correspondiente prestación pública. La naturaleza de la crisis del COVID (aguda y relativamente breve... esperemos) es la ideal para la utilización de esta herramienta.

Como consecuencia de ello, los datos disponibles en www.360smartvision.com muestran que en España se han tramitado más de 5 millones de ERTEs desde el comienzo de la pandemia. A tenor de las definiciones de desempleado descritas en los indicadores de empleo tradicionales, no puede decirse que los trabajadores afectados por un ERTE sean desempleados, estrictamente. Sin embargo, su condición exige que sean tenidos en cuenta si se quiere tener una visión completa y ajustada de lo que sucede en el mercado de trabajo.

El Gráfico 1 muestra dos indicadores. Por un lado, la tasa de paro mensual publicada por el EUROSTAT (el INE publica sus datos trimestralmente en España, pero tiene la obligación de enviar sus datos a Bruselas mensualmente). Junto a ella encontramos el indicador de medición de impacto en el mercado laboral que hemos elaborado para la ocasión.

Figura 1 – Impacto en el mercado de trabajo

El “Indicador ICADE” ha sido elaborado tomando el paro registrado mensual y la tasa de paro mensual de Eurostat. A partir de ambos datos se obtiene la población activa equivalente. A los parados registrados se le suman los ERTES a tiempo completo y el 50% de los ERTEs a tiempo parcial. Además, se ajusta la población activa con las nuevas jubilaciones mensuales.

Los resultados de nuestro indicador hacen aflorar dos hechos interesantes. El primero es que la gran oleada de trabajadores afectados por ERTE se produjo durante los meses de marzo, abril y mayo. El segundo es que la diferencia entre la tasa de paro mensual y nuestra estimación ha permanecido relativamente constante desde el mes de agosto. Es decir, el gran ajuste se produjo con la primera cuarentena... y desde entonces el mercado de trabajo se ha mostrado renqueante, en el mejor de los casos.

Parece claro que los ERTEs han contribuido a reducir las masas salariales de las empresas sin disparar la cuantía de desempleados “tradicionales”. Los datos hacen intuir, sobre todo dada la gestión de la prestación por ERTE, que el impacto sobre las rentas de los hogares ha sido muy superior al detectado por los indicadores habituales del mercado de trabajo. Los datos de consumo disponibles también parecen confirmar esta hipótesis. En la siguiente actualización de datos, revisaremos estos resultados y valoraremos el impacto que la segunda ola de los meses de octubre y noviembre ha tenido sobre el mercado de trabajo.